MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE
IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE, A PROPUESTA DE LA PLATAFORMA “RED FEMINISTA POR EL DERECHO A DECIDIR”, EN RELACIÓN A LA DEFENSA DEL DERECHO A LA
LIBRE DECISIÓN DE LAS MUJERES
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España
presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del
Embarazo. Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruíz
Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:
- La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que
la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán
los médicos quienes decidan por ellas.
- Supresión de los plazos en que las mujeres (14 semanas)
puedan decidir libremente abortar o no ante un embarazo no deseado.
- Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo
cuando exista malformación fetal.
- Fiscalización intolerable respecto
al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un
claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no
las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan
por ella.
- Desconsiderar la opinión de las jóvenes entre 16-18 años en un
tema tan importante como es decidir si se desea o no ser madre y en qué
momento de la vida. Lo que supondría un grave problema.
El Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.
Las leyes
restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan
el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la
clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale
adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la
libre decisión y el de la salud, al tiempo que se ignoran los derechos sexuales
y reproductivos reconocidos por la ONU, ratificados en la UE y avalados por las
sociedades científicas internacionales.
La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola
de Europa, a la clandestinidad. Es más, en los últimos 28 años, 36 países
han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido. La inmensa
mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo
sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal
y las 24 semanas de Holanda.
En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a
sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos
garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y
además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación
actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación
sexual obligatorias para los jóvenes.
Nos gustaría recordar que tal y como es conocido, el Tribunal
Constitucional en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante
un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos
fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no
nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación
actual.
Asimismo, es importante
tener presente que la actual Ley de salud sexual y reproductiva (IVE), aprobada
en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel
momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a
la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un recurso de
inconstitucionalidad contra la actual ley –tal
y como ya hizo en relación a los matrimonios homosexuales–, que todavía
no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Aún así, Gallardón prefiere
no esperar al dictamen del Tribunal
Constitucional y con ello, se pliega, una vez más, a las demandas de los
sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.
Es el momento
de reivindicar que el aborto voluntario se elimine del código penal que se
mejore la aplicación de la actual normativa que tiene aspectos por desarrollar
muy importantes en educación sexual y anticoncepción, en la prevención de
embarazos no deseados y en la atención a las IVE en condiciones de equidad en
todo el territorio nacional y en la red sanitaria pública.
Actualmente
las mujeres castellano manchegas que deciden interrumpir su embarazo legal y
voluntariamente no tiene garantías de atención en centros sanitarios públicos y
muchas tienen que costearse ellas mismas la intervención, esto supone poner en
cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de
desprotección para las mujeres.
Porque de lo
que está hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es en
realidad, de eliminar el derecho a
decidir de las mujeres, aunque ello se haga a costa de poner en riesgo la
salud, la libertad y la vida de las mujeres.
Desde los grupos de Izquierda Unida y Partido Socialista
entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y es una realidad que
las mujeres en todas partes del mundo, toman la decisión de abortar, ante
algunas situaciones, con independencia
del amparo legal que haya.
La Ley Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad
libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan
sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada;
además, esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Porque sólo con una educación sexual adecuada
y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir
de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de
transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, disminuir el número
de IVES; asimismo, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE apuesta
por la igualdad en el acceso, en todas las Comunidades Autónomas, a las
prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva en la sanidad pública,
así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.
La mejor forma
de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales
y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de
prevenir los embarazos no deseados.
Queremos dejar
claro que, con la autonomía de las mujeres no se juega, por tanto, no caben más
tutelajes en materia de aborto y sexualidad. Reclamamos mejoras en materia de
salud sexual y reproductiva y rechazamos la propuesta retrógrada y sancionadora
del Partido Popular.
Por todo lo anterior, los grupos municipales de Izquierda Unida y
del Partido Socialista Obrero Español proponen al Ayuntamiento Pleno, para su
aprobación la siguiente
MOCIÓN
1.- El Pleno
del Ayuntamiento de Albacete reconoce el derecho a una maternidad libremente
decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre la
continuidad o interrupción de su embarazo y que esa decisión consciente y
responsable sea respetada.
2.- El Pleno
del Ayuntamiento recuerda al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada
en la Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en los
derechos sexuales y reproductivos y, entre ellos, el derecho a una maternidad
libremente decidida al dictado de
ninguna moral religiosa.
3.- El Pleno del Ayuntamiento hará llegar al Gobierno de España su
apuesta por el mantenimiento, desarrollo e implementación de la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproducción y de la interrupción
voluntaria del embarazo, rechazando la regresión que supondría la anunciada
contrarreforma del ministro Gallardón.