Han pasado 22 años desde la despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo en España. Hoy, en el año 2013 asistimos a
una involución de tal calibre que pretende retrotraernos a un momento anterior
a esa despenalización parcial del año 1985.
Afrontamos las amenazas de un gobierno que no sólo es neoliberal y conservador, es también nacional catolicista. Tal y como el propio Ministro de Justicia ha anunciado –el propio hecho de que esta reforma parta del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Sanidad es bastante representativo de la interpretación que el gobierno hace del acceso a la salud y el control del cuerpo de las mujeres- esta contrareforma es de carácter ideológico. No cabe aquí la excusa de ser mandato europeo, debemos denunciar que es una propuesta que pone directamente en cuestión el derecho a la vida y a la dignidad de las mujeres. Poco sabemos del redactado final de esta propuesta pero sí tenemos ciertas intuiciones. En primer lugar sabemos que, como ya hiciera el PSOE en su momento que no convirtió la interrupción voluntaria en un derecho, sino que lo despenalizó bajo unos plazos y unos supuestos, el gobierno busca criminalizar a las mujeres en situación de embarazos no deseados, buscan convertir el pecado en delito. Poner en cuestión y culpabilizar a aquellas que quieren poner fin a una situación que, por los motivos que sean, no ha sido buscada. En pleno siglo XXI las mujeres tenemos que seguir exigiendo la valorización de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Según la OMS se calcula que alrededor de 80.000 mujeres al año mueren por someterse a prácticas de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de clandestinidad e insalubridad.
Que el cuerpo es un campo de batalla desde el que pelear y sobre el que pelear es una idea tan antigua como el propio movimiento feminista. Esto no puede explicarse sin hablar de la corporalidad, de cómo nos vemos inscritas en las relaciones de poder desde el mismo momento en el que ocupamos un espacio (público o privado). Muchos y muchas han escrito grandes reflexiones sobre este tema, sobre cómo la barrera última es a la vez la primera, y sobre cómo empezar a romper estas barreras a veces visibles y otras no tanto pero que, de facto, subdividen a la sociedad entre aquello que es “lo normal”, el ser buen ciudadano, y todas aquellas de los márgenes, las de segunda, las que no contamos salvo como excepciones a unas reglas que no pudimos marcar y que sin embargo nos condenan a las periferias.
Dos ejemplos debemos denunciar y recordar para que no se olviden, para que no se pierda de vista el horizonte y la pelea que estamos dando: el ejemplo de Beatriz y el de Savita. La primera, un mujer salvadoreña a la que su estado y su iglesia condenaron a muerte por obligarle a llevar a término un embarazo inviable. La segunda, Savita, es otra mujer a la que también condenaron a muerte, esta vez más cerca, en Irlanda. Al igual que Beatriz, su embarazo no era viable. Lo que se pone sobre la mesa no es si esta reforma acabará con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, pues si lo que queremos es eso debemos potenciar la educación sexual en todas las etapas educativas y una mayor promoción y conocimiento de los métodos anticonceptivos. Lo que se pone sobre la mesa es la existencia o no de un marco que garantice que esas intervenciones se harán con garantías y sin riesgos para las mujeres que toman esa decisión. Es la lucha por nuestras propias vidas, las de las mujeres trabajadoras, pues en un mundo en el que todo es susceptible de compra venta, aquellas que puedan recibirán tratamiento, ya sea aquí, sea en Londres o donde ella decida, pero seremos nosotras, las que día a día denunciamos la privatización de los servicios públicos y su expolio porque sabemos que si la sanidad deja de ser universal nosotras dejaremos de recibir tratamientos, las más perjudicadas por esta reforma. Es, por tanto un ataque patriarcal que afecta a todas las mujeres, desde el punto de vista de la negación de nuestra autonomía que está en la base de la construcción y el reconocimiento como sujetos políticos, pero es también una reforma de clase.
Un somero repaso sobre las distintas legislaciones en esta materia tras el pacto de la transición, para situarnos en el debate que afrontamos. En la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, se reconocía la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres supuestos:
1.- Supuesto terapéutico: Riesgo grave para la salud psíquica o mental de la mujer embarazada.
2.- Supuesto criminológico: En caso de violación.
3.- Supuesto eugenésico: En caso de malformaciones o riesgos graves de la vida del feto.
En el primero de los casos, aunque en la práctica no funcionase así, por ley estaba permitida la interrupción en cualquier momento de la gestación. En el segundo, durante las 12 primeras semanas de gestación, y en el último caso, durante las primeras 22 semanas de gestación.
Esta es la ley que funcionaba en España hasta la modificación que hiciera el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010. Dicha modificación -tampoco vamos a entrar en demasiados detalles- despenalizaba la interrupción del embarazo durante las primera 14 semanas de gestación sin necesidad de alegar supuestos. El plazo se ampliaba hasta la semana 22 en caso de riesgo para la vida de la mujer embarazada o del feto y, en caso de enfermedad incurable para el feto y bajo recomendación de un comité clínico, podría existir la posibilidad de interrupción del embarazo en cualquier otro momento. Las intenciones del gobierno pretenden llevar a cabo una modificación mucho más reestrictiva que la del año 85, poniendo en cuestión el supuesto eugenésico. Esto, en el marco de recortes en sanidad y atención a las personas en situación de dependencia es, a todas luces, un crimen social.
Es urgente que todas y todos nos incorporemos a la lucha y que organicemos una clara y contundente respuesta social. El control del cuerpo y la maternidad de las mujeres es uno de los pilares sobre los que se construye el sistema capitalista, reivindicar por tanto que somos nosotras las únicas que debemos decidir cómo y de qué manera ejercer esos derechos es indispensable para la ruptura del sistema.
Afrontamos las amenazas de un gobierno que no sólo es neoliberal y conservador, es también nacional catolicista. Tal y como el propio Ministro de Justicia ha anunciado –el propio hecho de que esta reforma parta del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Sanidad es bastante representativo de la interpretación que el gobierno hace del acceso a la salud y el control del cuerpo de las mujeres- esta contrareforma es de carácter ideológico. No cabe aquí la excusa de ser mandato europeo, debemos denunciar que es una propuesta que pone directamente en cuestión el derecho a la vida y a la dignidad de las mujeres. Poco sabemos del redactado final de esta propuesta pero sí tenemos ciertas intuiciones. En primer lugar sabemos que, como ya hiciera el PSOE en su momento que no convirtió la interrupción voluntaria en un derecho, sino que lo despenalizó bajo unos plazos y unos supuestos, el gobierno busca criminalizar a las mujeres en situación de embarazos no deseados, buscan convertir el pecado en delito. Poner en cuestión y culpabilizar a aquellas que quieren poner fin a una situación que, por los motivos que sean, no ha sido buscada. En pleno siglo XXI las mujeres tenemos que seguir exigiendo la valorización de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Según la OMS se calcula que alrededor de 80.000 mujeres al año mueren por someterse a prácticas de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de clandestinidad e insalubridad.
Que el cuerpo es un campo de batalla desde el que pelear y sobre el que pelear es una idea tan antigua como el propio movimiento feminista. Esto no puede explicarse sin hablar de la corporalidad, de cómo nos vemos inscritas en las relaciones de poder desde el mismo momento en el que ocupamos un espacio (público o privado). Muchos y muchas han escrito grandes reflexiones sobre este tema, sobre cómo la barrera última es a la vez la primera, y sobre cómo empezar a romper estas barreras a veces visibles y otras no tanto pero que, de facto, subdividen a la sociedad entre aquello que es “lo normal”, el ser buen ciudadano, y todas aquellas de los márgenes, las de segunda, las que no contamos salvo como excepciones a unas reglas que no pudimos marcar y que sin embargo nos condenan a las periferias.
Dos ejemplos debemos denunciar y recordar para que no se olviden, para que no se pierda de vista el horizonte y la pelea que estamos dando: el ejemplo de Beatriz y el de Savita. La primera, un mujer salvadoreña a la que su estado y su iglesia condenaron a muerte por obligarle a llevar a término un embarazo inviable. La segunda, Savita, es otra mujer a la que también condenaron a muerte, esta vez más cerca, en Irlanda. Al igual que Beatriz, su embarazo no era viable. Lo que se pone sobre la mesa no es si esta reforma acabará con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, pues si lo que queremos es eso debemos potenciar la educación sexual en todas las etapas educativas y una mayor promoción y conocimiento de los métodos anticonceptivos. Lo que se pone sobre la mesa es la existencia o no de un marco que garantice que esas intervenciones se harán con garantías y sin riesgos para las mujeres que toman esa decisión. Es la lucha por nuestras propias vidas, las de las mujeres trabajadoras, pues en un mundo en el que todo es susceptible de compra venta, aquellas que puedan recibirán tratamiento, ya sea aquí, sea en Londres o donde ella decida, pero seremos nosotras, las que día a día denunciamos la privatización de los servicios públicos y su expolio porque sabemos que si la sanidad deja de ser universal nosotras dejaremos de recibir tratamientos, las más perjudicadas por esta reforma. Es, por tanto un ataque patriarcal que afecta a todas las mujeres, desde el punto de vista de la negación de nuestra autonomía que está en la base de la construcción y el reconocimiento como sujetos políticos, pero es también una reforma de clase.
Un somero repaso sobre las distintas legislaciones en esta materia tras el pacto de la transición, para situarnos en el debate que afrontamos. En la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, se reconocía la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres supuestos:
1.- Supuesto terapéutico: Riesgo grave para la salud psíquica o mental de la mujer embarazada.
2.- Supuesto criminológico: En caso de violación.
3.- Supuesto eugenésico: En caso de malformaciones o riesgos graves de la vida del feto.
En el primero de los casos, aunque en la práctica no funcionase así, por ley estaba permitida la interrupción en cualquier momento de la gestación. En el segundo, durante las 12 primeras semanas de gestación, y en el último caso, durante las primeras 22 semanas de gestación.
Esta es la ley que funcionaba en España hasta la modificación que hiciera el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010. Dicha modificación -tampoco vamos a entrar en demasiados detalles- despenalizaba la interrupción del embarazo durante las primera 14 semanas de gestación sin necesidad de alegar supuestos. El plazo se ampliaba hasta la semana 22 en caso de riesgo para la vida de la mujer embarazada o del feto y, en caso de enfermedad incurable para el feto y bajo recomendación de un comité clínico, podría existir la posibilidad de interrupción del embarazo en cualquier otro momento. Las intenciones del gobierno pretenden llevar a cabo una modificación mucho más reestrictiva que la del año 85, poniendo en cuestión el supuesto eugenésico. Esto, en el marco de recortes en sanidad y atención a las personas en situación de dependencia es, a todas luces, un crimen social.
Es urgente que todas y todos nos incorporemos a la lucha y que organicemos una clara y contundente respuesta social. El control del cuerpo y la maternidad de las mujeres es uno de los pilares sobre los que se construye el sistema capitalista, reivindicar por tanto que somos nosotras las únicas que debemos decidir cómo y de qué manera ejercer esos derechos es indispensable para la ruptura del sistema.
