ANDRÉS MUÑIZ Madrid 04/07/2013
07:00 Actualizado: 04/07/2013 07:22
La decisión del Gobierno
de aparcar 'sine die' la reforma de la Ley del Aborto, anunciada este martes
por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se produce menos de un mes después de asegurarse la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, que tiene sobre la mesa el recurso del
propio Partido Popular contra la vigente Ley de plazos.
Sin dar ningún paso en
este delicado asunto, el Ejecutivo puede ver cómo el Constitucional le hace el
trabajo si estima el recurso. El ponente del caso es el magistrado Andrés
Ollero, exdiputado del PP, catedrático de Filosofía del Derecho, miembro reconocido del Opus Dei y antiabortista declarado, cuyas tesis pueden prosperar en el nuevo alto tribunal con mayoría de
magistrados propuestos también por el partido conservador.Ollero, en una
entrevista el mes pasado a páginasdigital.es, lo dijo claramente: "Si no hay pronto una nueva Ley del aborto, habrá sentencia".
El Gobierno ha optado
por no ser el primero en mojarse en la controvertida materia del aborto, tras
un año de declaraciones superpuestas del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, contestadas en
algún caso desde las propias filas del PP.
La posición del programa
de los conservadores era volver a la legislación avalada por el Constitucional
en 1985, que despenalizaba varios supuestos de aborto de acuerdo a la norma
aprobada por el primer Gobierno de Felipe González.
La Ley de Plazos fue aprobada en 2010 con un amplio apoyo parlamentario
En 2010, el Gobierno
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con un amplio apoyo parlamentario y
el rechazo del PP, cambió esa normativa y aprobó una Ley de plazos (aborto
libre en las primeras 14 semanas) que entró en vigor en julio de ese año, y que
fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por 50 parlamentarios del Partido
Popular encabezados por Mariano Rajoy y Soraya
Sáenz de Santamaría. El muñidor del texto fue el entonces
responsable del area de justicia del PP Federico Trillo.
Sin embargo, el ministro
Ruiz-Gallardón, en el verano de 2012, anunció que la nueva Ley cambiaría la
regulación que aprobó el Gobierno de Felipe González y que no fue derogada
durante los 8 años de mandato de José María Aznar. El titular de Justicia
destacó que no aceptaría el supuesto de
aborto por malformación del feto, al considerarlo incompatible con el
convenio de la ONU sobre personas con discapacidad.
De paso, Ruiz-Gallardón
manifestó que el Anteproyecto de Ley se aprobaría antes
del mes de octubre de 2012, aunque posteriormente los plazos se fueron relajando
hasta que, este miécoles, quedaron definitivamente difuminados, al quedar
aparcado 'sine die' el proyecto por el Ejecutivo.
El anuncio de Sáenz de
Santamaría se ha producido menos de un mes después de que los magistrados
propuestos por el Gobierno o el PP hayan pasado a ser mayoría absoluta en el
Constitucional. Además, Andrés Ollero es el ponente de la
sentencia, es decir, quién debe elevar una propuesta de resolución a sus
compañeros.
Este magistrado,
exportavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, tiene varias
declaraciones y escritos en los que manifiesta públicamente su postura
antiabortista. Sin ir más lejos, en enero de 2012 --seis meses antes de ser
nombrado magistrado del Constitucional-- señalaba en la publicación Diario
Médico sobre la nueva legislación: "La situación es de aborto libre, al
convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más
crece el número de abortos en la Unión Europea".
El magistrado Ollero ha sido crítico con la Fiscalía y con el propio PP por
laxitud ante el aborto
Agregó que "la
sentencia de 1985 fue de las más discutidas de la historia del TC: empate a
seis y voto de calidad del presidente. Para los magistrados discrepantes, la
mayoría se había propasado al empeñarse en indicar al legislador qué garantías
habría de tener en cuenta para proteger a los no nacidos. El resultado de las
discutidas garantías ha sido nulo. La salud psíquica de la embarazada se ha
convertido en fórmula omnicomprensiva, con la llamativa pasividad del
Ministerio Fiscal; se ha olvidado lo que tan claramente expresó la sentencia:
cuando la ley admite un aborto ‘necesario para evitar un grave peligro para la
vida o la salud de la embarazada’, el término necesario ‘solo puede
interpretarse en el sentido’ de que el conflicto ‘no puede solucionarse de
ninguna otra forma’".
Y remataba: "Entre
eso y el aborto libre parece haber un trecho, pero no lo ha habido ni gobernando socialistas ni gobernando populares: entre los que se despreocuparon de su protección y los que no se atrevieron
a protegerlos, los no nacidos no han ganado para sustos”.
En julio de 2010, el
Tribunal Constitucional decidió en una ajustada votación de 6 a 5 no suspender
cautelarmente la ley mientras examinaba el recurso del PP. Sin embargo, acordó
dar una "tramitación preferente" al caso. Esa supuesta urgencia en el
examen del recurso no ha impedido que hayan pasado tres años sin sentencia.
Según fuentes del
tribunal, varios de los magistrados del TC en su anterior composición
consideraron que la sentencia ya no era 'preferente' por cuanto el Gobierno
había anunciado la reforma del ley. Tras el cambio de mayorías en el TC, parece
que la urgencia ha vuelto al caso una vez que el Gobierno, que no parece muy
necesitado de más frentes de confrontación política y social, ha decidido
hacerse a un lado.